Nos dirigimos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional para denunciar la grave complicidad del expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, y la traición que ha perpetrado contra los principios de libertad, justicia y derechos humanos. A lo largo de su actuación como supuesto mediador en la crisis venezolana, Zapatero no ha sido más que un aliado silencioso del autoritarismo que mantiene a un país entero sumido en la miseria, el miedo y la represión.

1. Complicidad con el régimen dictatorial

Lejos de ser un mediador imparcial, José Luis Rodríguez Zapatero ha jugado un papel fundamental en la legitimación de un régimen ilegítimo. Mientras el pueblo venezolano sufre la falta de alimentos, medicinas y derechos básicos, Zapatero ha cerrado los ojos ante las violaciones sistemáticas de los derechos humanos perpetradas por el régimen de Maduro. Ha ignorado las torturas, las desapariciones forzadas, los encarcelamientos injustos de opositores y el ataque constante a la libertad de expresión.

Su rol no ha sido el de facilitar una transición democrática, sino el de ofrecer una pantalla de legitimidad internacional a un régimen que ha asesinado la democracia venezolana. Al convertirse en un observador complaciente de las elecciones fraudulentas, Zapatero ha respaldado las falsas victorias del régimen y ha socavado la lucha del pueblo venezolano por recuperar su libertad.

2. Traición a los derechos humanos y a la libertad

Los hechos demuestran que Zapatero, lejos de mediar a favor de la justicia, ha jugado a favor de Maduro. Durante su intervención en Venezuela, ha permitido que se perpetuaran abusos y atropellos a la dignidad de millones de personas. La represión y la violación de los derechos humanos no han sido una excepción, sino una constante, y Zapatero ha optado por el silencio cómplice.

No se puede ser mediador cuando se permanece callado frente a la represión, cuando se toma partido a favor del tirano y cuando se permiten fraudes electorales que sólo buscan mantener a un dictador en el poder. Su presencia en Venezuela no ha sido la de un defensor de la democracia, sino la de un facilitador del régimen que se ha aprovechado de su influencia para manipular la realidad, dejando la sombra de la sospecha de intereses personales y familiares en la permanencia de Maduro en el gobierno de Venezuela

3. Coacción y traición al pueblo venezolano

El acto más indignante y descarado de su complicidad fue su papel en la coacción que sufrió Edmundo González, líder opositor venezolano, en la embajada española en Caracas, que no deja de constituir suelo español en el extranjero.

Bajo la supuesta mediación de Zapatero, Edmundo González fue presionado a firmar un documento reconociendo su derrota electoral, a pesar de que dicha derrota fue el producto de una elección fraudulenta y manipulada.

Este acto constituye una traición no solo a Edmundo, sino a todo el pueblo venezolano, que sigue luchando por su derecho a elegir libremente su futuro y un acto que al resto de españoles nos debería llenar de vergüenza, al compartir nacionalidad con una persona como Zapatero.

Zapatero no actuó como un defensor de la paz ni de la democracia; actuó como un cómplice del fraude, de la intimidación y del abuso de poder. No solo falló en proteger a los opositores, sino que activamente facilitó el sometimiento de uno de ellos, traicionando los valores que supuestamente debía defender.

4. La vergüenza de un reconocimiento inmerecido

Es aún más indignante que hace algo más de un año, en lugar de ser condenado por su vergonzosa complicidad con el régimen de Maduro, José Luis Rodríguez Zapatero fuera nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de León. Este reconocimiento académico es una burla a todos aquellos que han sufrido las consecuencias de sus acciones, tanto en Venezuela como en otros ámbitos.

El Doctorado Honoris Causa es un título reservado para quienes han contribuido al avance de la ciencia, la humanidad, la justicia y la paz. En cambio, Zapatero ha demostrado que su contribución ha sido la de fortalecer un régimen que ha despojado a millones de venezolanos de sus derechos fundamentales. Con este título, la Universidad de León mancha su reputación al honrar a alguien que ha sido cómplice del sufrimiento de un pueblo.

5. Nuestra denuncia y rechazo

Condenamos enérgicamente la actuación de José Luis Rodríguez Zapatero. Su complicidad con el régimen de Maduro ha perpetuado el sufrimiento de un pueblo que lucha día a día por sobrevivir bajo una dictadura que ha destruido a Venezuela en lo económico, social y humano.

Exigimos que Rodríguez Zapatero cese su intervención en Venezuela, que se desvincule de todo apoyo al régimen y que sea denunciado como lo que realmente es: un colaborador del autoritarismo que ha pisoteado los derechos y libertades de los venezolanos.

No puede haber mediación ni diálogo con la represión y el fraude. Solo puede haber justicia cuando el régimen de Maduro sea juzgado por sus crímenes y Venezuela recupere su democracia de manera legítima, libre y justa.

Solicitamos a la Audiencia Nacional, que admita a trámite la querella presentada contra José Luis Rodríguez Zapatero por parte de víctimas de la dictadura de Maduro por su complicidad con el régimen criminal bolivariano en Venezuela.

Exigimos a la Universidad de León que el Doctorado Honoris Causa le sea retirado de inmediato, como un acto de dignidad y respeto hacia las víctimas de la dictadura venezolana y a todos aquellos que luchan por la libertad y los derechos humanos. Este reconocimiento es una afrenta a los valores que supuestamente debe defender una institución educativa y académica. El mantenerlo no solo desacredita a la universidad, sino que envía un mensaje peligroso: el de que la complicidad con la opresión puede ser recompensada.

6. Llamado a la comunidad internacional

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que reconozca la verdadera naturaleza del papel de Zapatero en Venezuela y actúe en consecuencia. Es necesario romper con cualquier fachada de legitimidad que este exdirigente quiera construir alrededor del régimen venezolano. Instamos a los líderes del mundo a no permitir que figuras como Zapatero sigan legitimando regímenes autoritarios bajo la excusa de un diálogo falso.

La única salida para Venezuela es el fin de la dictadura de Maduro y la construcción de un futuro donde los derechos humanos, la libertad y la democracia sean restaurados plenamente. Zapatero ha demostrado con creces que no es parte de la solución, sino del problema.

Por la libertad de Venezuela, por los derechos humanos y contra la tiranía, levantamos nuestra voz. 

ACCIÓN LIBERAL
Think Tank for Freedom

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Andrés Rueda Egea
Socio de Acción Liberal

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Recordemos que los 17.000 mossos cuestan al año unos 1.400 millones de euros, y toda esa fuerza puede detenerse con una sola llamada de un político. Se pedía desjudicializar la justicia pero ahora tocará despolitizar a la policía. Y es que el término policía política nos retrotrae a épocas sombrías. Ahora, los mismos mossos están jugando al cluedo, buscándose a ellos mismos como cuando un perro corre detrás de su propia cola. Llegó la hora de las explicaciones y la que detuvo la persecución fue un semáforo en rojo.

Y es que las cosas en Cataluña no terminan de funcionar como debieran. Para empezar el independentismo, que a pesar de gozar de más poder que nunca no ha hecho más que perderlo durante los últimos años. Tampoco la causa común entre los independentistas funciona puesto que han pasado de aliados jurados a rivales.

De la misma forma no funciona la economía, y es que cuánto más poder gana Cataluña menos relevante es su peso económico en España. Desde los años setenta Cataluña ha pasado de ser la CCAA más potente en economía a estar la cuarta.  ¿Como explicar que la autonomía conlleva la irrelevancia?  Nada funciona porque cuando la política llega la ineficacia se convierte en norma.

Y es que las cosas en Cataluña no funcionan como debieran. Un arco del triunfo usado para evidenciar una derrota, la del nacionalismo, la de la ley, la del fantasma en retirada, y por ende, la de España.

Fdo. Danilos

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Conjugar esta contradicción sería complicado si fuera la única, pero este gobierno ya ha agotado la poca ingenuidad de los ciudadanos hace meses con sus “cambios de criterio”.

Históricamente el PSOE ha sido un obligado liberalizador de la economía española. Recordemos que fue el que desmontó al todopoderoso INI, privatizando y reconvirtiendo (cerrando) numerosa industrias de carácter público. Y ahora acelera de forma drástica e irreversible su “federalismo asimétrico” que comenzó en 1978. Y es que solo la maquinaria propagandística del partido podrá convertir la insolidaridad en bienestar interregional.
Si esta independencia fiscal hubiera sido realizada por nuestra “derecha de tapadillo” la indignación sería máxima, pero ahora los más fieles de la izquierda comulgarán con otra rueda de molino más.

A nosotros esta deriva fiscal nos viene de perlas. Que las diferentes comunidades autónomas puedan gestionar su fiscalidad dividirá el poder y con ello beneficiará a los ciudadanos.

De la misma forma en que la comunidad de Madrid ha podido desarrollarse de forma espectacular (a nivel español) gracias a saber manejar bien la poca libertad que ha tenido. Otras podrán generar todavía más prosperidad con inteligentes políticas fiscales que atraigan capitales y talento. En poco pasaremos a una España de 19 o más velocidades. Veremos a comunidades que caerán a plomo por su excesivo gasto mientras otras aplican políticas de ajuste fiscal  mejorando espectacularmente la vida de sus ciudadanos.

La diferencias fiscales conllevarán una sociedad más exigente con los recursos propios. La cada vez más numerosas movilidad laboral y deslocalización de empresas ayudará a que CCAA gestionadas de forma correcta atraigan más riqueza.

La cara triste es la de las regiones que mangoneadas por sus élites políticas extraerán las cada vez más exiguas rentas de sus ciudadanos y empresas obligando a estos a moverse. Cuando vean el éxodo ¿volverán en sí los políticos? Yo creo que no. Y es que al final no nos debería preocupar lo que los políticos hagan sino si mudándonos unos kilómetros podemos evitar sus efectos. Todo apunta a que, al final, así será.

Gracias P (punto) Sánchez.

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Ciertamente vivimos tiempos oscuros en los que el ser humano ha perdido la consciencia de la Ley Natural y en el que, por poner en duda, duda de hasta los derechos más elementales como son el de la vida, la libertad y la propiedad privada. No hablemos ya de otros como la libertad de cátedra, expresión y opinión o creencias religiosas y, en general, todos aquellos derechos civiles de primera generación que, a priori, son inalienables, pero que hoy en día están más en entredicho que nunca por culpa del exacerbado colectivismo que vivimos en todas las naciones.

Y es que, por alguna extraña razón que se me escapa, el ser humano, a pesar de resultar absurdo por completo para mí, continúa pensando en términos de derecha e izquierda, los cuales resultan completamente arcaicos. Es cierto que cuanto más a la izquierda, más tiende el político de turno a tratar a sus semejantes como adolescentes o ni eso, empero, ¿acaso la derecha lo hace de otro modo? ¿De verdad alguien piensa que existe a derecha o izquierda algún partido que no pretenda meternos a todos bajo el paraguas del gran papá Estado? No como protección, sino como sometimiento. Comunistas, socialdemócratas, conservadores, democristianos…, todos cortados por un mismo patrón, el patrón del esclavismo para con sus semejantes. Recordad que a mayor Estado menor libertad.

Desde el principio de los tiempos el ser humano ha tendido al colectivismo como forma de protección. Ya se sabe, cuanto mayor es el número de borregos menor es el riesgo de que el lobo se coma a uno. Pero, este sistema caduco tiene grandes grietas. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando es el mismo lobo el que hace de pastor? O, cuando en vez de lobo es otro borrego, pero que está enloquecido y dirige a toda la manada a un precipicio. Ciertamente las posibilidades son múltiples, pero yo, personalmente, prefiero ser el que decida mi destino y no que lo hagan los demás por mí.

Surge, así, el individualismo, un concepto mágico por el que el ser humano se independiza de papá Estado y se considera una entidad independiente, capaz de pensar y razonar por sí mismo para llegar a conclusiones que le hagan alcanzar sus objetivos vitales. Capaz de protegerse y proteger a los suyos y cuyo derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada le sean inherentes por el simple hecho de haber nacido humano y no porque la colectividad aborregada se lo otorgue. Es decir, no porque el derecho positivo, que tanto ama la izquierda en general y muchos de la derecha en particular, sea el que se lo conceda como premio a la sumisión social.

El individualismo busca que el hombre logre sus objetivos existenciales por cualquier medio, con el único límite de los derechos de los demás. Es decir, sin vulnerar el derecho del resto de seres humanos a hacer lo mismo. En definitiva, lo que se busca con el individualismo es la emancipación del ser humano y la ruptura con aquellos que son como tú, pero que se creen más que tú y que sin ti, simplemente, no son nada.

Cuando pienso en el colectivismo, me viene a la cabeza un torrente de pensamientos y todos ellos malos en general: hedonismo, nihilismo, egolatría, idolatría, sumisión, “pan y circo”… Sale a relucir, también, el recuerdo de la muerte de Dios, pero no en el concepto de Nietzsche, más bien al contrario. Recordemos que Nietzsche no creía que hacer desaparecer a Dios de nuestras vidas fuese algo bueno, todo lo contrario, ya que mantenía que sin Dios el sistema de creencias occidental correría grave peligro. En fin, el filósofo tenía razón y a los hechos me remito. La proclamación de la muerte de Dios por parte de Nietzsche tenía otro significado en el que ahora, sin duda, no voy a entrar por no ser posible.

No obstante, algunos han querido ver en esa desaparición de Dios la posibilidad de crear nuevos dioses, nuevas religiones, nuevas creencias que mantengan a los burros permanentemente tras la zanahoria. La mano que lleva la zanahoria tan solo debe de guiar a la manada hacia donde ésta lo desee.

¿Y qué es la zanahoria en esta alegoría?, porque los burros está claro quiénes son/somos. La zanahoria es el falso estado de bienestar, ese caramelito que cada vez cuesta más y aporta menos, esa dádiva cutre que justifica repartir la riqueza como mejor determine la mano que sujeta la zanahoria, que no es otra que una casta poco preparada que desconoce qué es el esfuerzo y el sacrificio y que, en general, llevan viviendo de la mamandurria toda su vida. Una riqueza injustamente repartida, que convierte al ser humano en un animal capaz de las peores tropelías por alcanzar un premio que jamás estará a su alcance, ya que la mano permanecerá siempre a la misma distancias del burro. Una riqueza que se le quita al que lo merece por su esfuerzo y se le otorga al zángano o al fiel siervo del que dirige nuestros destinos y que curiosamente no es ni mucho menos el propietario de esa riqueza.

Lo triste, lo más lamentable de todo esto, es que, si estos burros se tomasen la molestia de apartarse de la manada, de salir del colectivismo, de mirar pausadamente a su alrededor, verían con gran asombro que, en realidad, el campo está sembrado de zanahorias muchos más ricas y sabrosas que la ya muy manoseada y ajada de papa Estado.

Luis Molina. Socio de Acción Liberal

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La política-espectáculo que los partidos han impuesto en España ha desplazado a la antigua política de propuestas y programas por el tiro al blanco al adversario. Está degradación de las instituciones no hubiera sido posible sin la complicidad de parte de la población, la mayoría de ellas desde las redes sociales. Esto ha quedado demostrado con el pobre poder de convocatoria de las adhesiones inquebrantables que pedía Ferraz el pasado sábado. Y es que, aunque queda algo del forofo de impasible ademán, la mayoría de la población ha vuelto la espalda al esperpento.

Todo esto justo días después de que el mismo gobierno difunda bulos contra la mujer del líder de la oposición, al mismo tiempo que atacaba a la actual pareja de Ayuso. Ha tenido que ser cuando se ha tocado a la propia con información veraz cuando nuestro presidente ha decidido hacer un paripé. Ahora toca un estéril debate para tratar de confundir a la población mezclando información veraz con bulos y así pasar los negocios de la primera dama por legítimos.

Cabe preguntarse si son legítimos y no hay nada que ocultar el porqué de tanta escenografía y quebranto. Preguntas que el gobierno en pos de la no transparencia no se va a molestar en contestar.Así que el debate en vez de centrarlo en la idoneidad de que la primera dama haga negocios mezclando ayudas públicas, se moverá a la libertad de expresión y la justicia.

El control de la justicia por parte de los políticos ha sido una constante desde el comienzo de la democracia en España. Un poder judicial atado y bien atado a la aquiescencia del partido asegura que, tanto los indultos como las amnistías encontrarán siempre más facilidad para salir adelante. De un gobierno que confunde el poder ejecutivo con el legislativo no cabe más que entrar en tromba en el judicial. Ya lo hemos visto intervenir en los últimos meses en los entes televisivos públicos y en las más grandes empresas privadas. No se van a detener ahora y los jueces se pueden ir preparando.

Desde que el mundo es mundo cuando un dirigente político señala a un “enemigo de la democracia” de forma genérica las libertades de los ciudadanos son las primeras damnificadas. Ahora le toca a la “máquina del fango” engrasada y mantenida sin descanso por ellos mismos. Y lo van a utilizar como palanca para seguir erosionando la ya paupérrima situación institucional de este país. Al tiempo.

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Entendemos el liberalismo como la doctrina política que se inspira en la defensa y el reconocimiento de los derechos y libertades  individuales de las personas, basándose principalmente en la defensa del principio de libertad e igualdad entre todas las personas ante la ley, eje axial principal del orden político y jurídico liberal.

Esta premisa doctrinal parte de la concepción antropológica de que todas las personas han sido creadas iguales como se recuerda en un documento fundamental en la historia contemporánea de occidente como es la  Declaración de Independencia de los EEUU del 4 de Julio de  1776, de Thomas Jefferson, “todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad” (all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, Liberty and the pursuit of happiness).

Los liberales clásicos era defensores del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, dado que eran iusnaturalistas, es decir, partían del derecho natural. En consecuencia, John Locke propone una teoría de los derechos individuales, basadas en Dios y la ley natural. El suyo, es un liberalismo teísta, Locke defiende la demostrabilidad racional de la existencia de Dios de un modo comparable a Santo Tomás.

El marco legal de la constitución española de 1978 establece el derecho a la vida en el art. 15 del Titulo 1, Cap. II, Secc. 1ª, el primero de los derechos fundamentales reconocidos por la CE, “todos tienen derecho a la vida y la integridad física y moral”. La redacción del art. 15 en el periodo constituyen de la redacción de la CE, se basó, como bien recuerda el Tribunal Constitucional (STC, 53/1985, de 11 de abril) en el art. 29 del Código Civil de 1989, usando el adjetivo indefinido “todos” en el que se reconoce al concebido como un bien jurídico “el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables…”.

En la redacción de la CE, en la segunda lectura y aprobación que se realiza en el Senado, se introdujo una enmienda que es la contenida en el artículo 10. 2 de la Constitución, que expresamente reconoce que “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la CE reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

Este articulo abría la constitución española al derecho internacional, A su vez, el art, 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida.

En principio, los derechos fundamentales y las libertades públicas estarían dotados de especial protección jurídica en el art. 168 CE. considerándolos como uno de los elementos para cuya reforma total o parcial se requeriría una reforma agravada de la CE, junto al Titulo Preliminar y el Titulo II, relativo a la jefatura de estado. Tomado en su literalidad, el art. 168 dicta “Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo II, Sección 1. ª, del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes…”

Este reconocimiento del derecho a la vida en el derecho internacional, empezando por el mencionado art. 10.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se corrobora en el art, 2ª del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950; el art. 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966.

Así como el art. 39.2 CE en que la CE impone a los poderes públicos el deber de asegurar la protección integral de los hijos ante la ley.

Dicha protección jurídica queda recogida en el art. 53 CE y en el art. 81. El art. 53 dicta que “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título (título I) vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades…”.

En consecuencia, El derecho “de todos a la vida” (art. 15, Cap. II, Titulo 1, Secc. 1ª) vincula a todos los poderes públicos.

Una garantía de derecho fundamental a la vida lo constituye la reserva expresa de ley orgánica. El art. 81 CE dicta que “las leyes orgánicas son reservadas en el ordenamiento constitucional para el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, los estatutos de autonomía, y el régimen electoral general”.

Según dicho artículo, la legislación orgánica está reservada para la regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas (art. 15-29)

En virtud de dicha reserva el derecho fundamental a la vida solo puede regularse por ley orgánica, regulación que no puede afectar a su contenido esencial (art. 53 CE)

José Rafael Molina Doctor en Historia de la Educación UNED,

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La modalidad de la educación a distancia tanto en la educación superior o universitaria, como en las enseñanzas regladas no universitarias representa una consolidación de la extensión del derecho a la educación y de la libertad de educación en su dimensión de libre elección de modelo de enseñanza, al conjunto de toda la población

La extensión de la modalidad de la educación a distancia tiene su primera vertebración legislativa en la legislación educativa española  en la Ley General de Educación y Financiación de la Reforma educativa de 1970 (LGE, 1970) del ministro de educación y ciencia José Luis Villar Palasí. Si bien, esta modalidad tiene un precedente en la Ley 11/1962, de 14 de abril, de extensión de las enseñanzas medias por la que se establecían los estudios nocturnos.

La ley General de Educación vino a ser un texto legislativo de enorme importancia en la historia educativa española, siendo la primera gran reforma educativa desde la Ley de Instrucción Primaria de 1857 del entonces ministro de Fomento, Claudio Moyano Samaniego.

Las principales aportaciones de la Ley General de Educación en relación con la posterior articulación de la modalidad de la educación a distancia serían, el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, y el principio de educación permanente recogido como la extensión de la educación a lo largo de toda la vida, la educación permanente de adultos.

Estos principios vertebrarían las posteriores leyes orgánicas de educación hasta la fecha presente.

A esto cabe añadir el art. 47 de dicha ley (LGE, 1970) que recogía el uso de medios audiovisuales para la extensión de las enseñanzas medias.

En cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, en la modalidad de educación a distancia y a la educación superior se implantan cuatro de las grandes  aportaciones de esta ley a la educación a distancia.

Por una parte,  la creación del Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia (INBAD), por el Decreto 2408/1975, de 9 de octubre.

La segunda aportación sería la implantación del examen de acceso a la universidad para mayores de 25 años sin estudios secundarios previos. (art. 36.3 LGE, 1970)

La tercera gran aportación sería la creación del Centro Nacional de Educación Básica a Distancia en 1979 (Real Decreto 546/1979, de 20 de febrero)

La cuarta gran aportación en materia de educación a distancia sería la creación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (Decreto 2316/1972, de 16 de agosto) en virtud de facilitar el acceso a la educación superior a todas las personas que por razón de su residencia, obligaciones laborales, u otras razones quisiesen optar a estudios superiores de manera no presencial, dada la flexibilidad que venía a representar esta modalidad pedagógica.

En consecuencia, como recogía la esencial legislativa de dicho decreto, el espíritu pedagógico que venía a representar dicha modalidad es el de dotar de mayor libertad en el acceso a la educación superior.

El marco constitucional de la constitución de 1978, en su art. 27, que vendría a ser el articulo más extenso de la constitución, vendría a recoger entre sus preceptos el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. En virtud de los cuales se seguiría desarrollando la normativa legislativa preconstitucional existente en aquel momento en relación con la progresiva extensión del derecho a la educación y de la libertad de educación.

En relación con la educación a distancia, a nivel universitario, la UNED iría ampliando progresivamente su oferta formativa tanto en los estudios oficiales reglados como las titulaciones propias en desarrollo del principio de autonomía universitaria.

En el caso de la UNED,  se irían dando unas peculiaridad propias en el desarrollo legislativo de las distintas leyes orgánicas de educación,  respecto al resto de universidades españolas, en el contexto del desarrollo del estado autonómico y de la transferencia de competencias en educación a las distintas autonomías, al tratarse de la única universidad pública de ámbito estatal, pero ampliamente descentralizada en todo el territorio del estado español y con una progresiva presencia en los cinco continentes, dada la flexibilidad de la naturaleza de su modalidad docente, manteniendo dentro del principio de autonomía universitaria, su carácter de ámbito nacional.

Si bien, en el ámbito privado han surgido dos opciones universitarias más de educación a distancia  como la UNIR y la UDIMA (está ultima, si es una universidad privada de educación a distancia), pero ambas de ámbito local.

A nivel de enseñanzas no universitarias, además del mencionado INBAD creado en 1975, tiene lugar la creación del Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD), en 1992 (RD 1180/1992, de 2 de octubre), en el marco de la constitución de 1978 para el desarrollo de los principios de libertad e igualdad. Si bien, inicialmente, dicho RD tiene como principales ejes la extensión de la educación básica a la totalidad de la población y la educación de las personas adultas.

El texto de 1992 viene a reiterar la naturaleza y virtualidad de la modalidad de la educación a distancia, su flexibilidad para facilitar el acceso a la educación a personas dispersas geográficamente y con intereses formativos heterogéneos, así como los alumnos no adultos, que por distintas circunstancias (geográficas, personales u otras) se vean imposibilitados para seguir las enseñanzas a través del régimen presencial ordinario

También se incide como lo haría posteriormente el art. 9 de la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación) la importancia del desarrollo en los centros docentes de una oferta adecuada de educación a distancia, para garantizar el derecho a la educación de quienes no puedan asistir con regularidad a los centros docentes.

El Real Decreto de 1992 de creación del CIDEAD integraba en dicha institución al Centro Nacional de Educación Básica a Distancia y el  Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia (INBAD). En su versión consolidada de 2015 (RD, 789/2015, de 4 de septiembre) se determina entre las principales características de la modalidad de educación a distancia del CIDEAD, su ámbito estatal y su orientación en la educación de adultos o mayores de 16 años.

La oferta educativa del CIDEAD sería el conjunto de las enseñanzas regladas recogidas en el art. 3.2 de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006),a excepción de la educación universitaria, las enseñanzas deportivas y de la educación infantil, incluyendo la educación de idiomas, y el programa That´s English.

José Rafael Molina
Doctor en historia de la educación UNED

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Existe una demanda creciente originada por nuevas tecnologías como IoT (internet de las cosas), los despliegues de las redes móviles 5G, las herramientas de colaboración como consecuencia de la generalización de las oportunidades de teletrabajo, la analítica de grandes volúmenes de datos para dar mejores respuestas a clientes o usuarios, o las más recientes aplicaciones de la inteligencia artificial.

Todo esto está requiriendo nuevas inversiones en el sector de los centros de datos, donde la Comunidad de Madrid posee ventajas comparativas (desde el punto de vista de Heckscher y Ohlin, es decir, considerando la abundancia relativa de los factores) frente a otras localizaciones. En primer lugar, los principales cables submarinos que conectan Europa con América o Asia amarran en España y las principales rutas de alta capacidad de transporte desde los puntos de amarre de éstos conectan con la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, las capacidades metropolitanas de conexión en esta Comunidad (lo que técnicamente se denomina backhaul) facilitan la conexión de estos nuevos centros, donde el volumen de información a gestionar convierte la aparición y desarrollo de los servicios de conexión a internet, con sus redes sociales, plataformas de video o la simple navegación, en un simple aperitivo.

Y sin querer pecar de exhaustivos, factores como pueden ser la disponibilidad de suelo (con muy baja probabilidad de riesgo sísmico o meteorológico), las compañías de construcción con un alto nivel tecnológico, los servicios financieros o el capital humano, son más abundantes en esa Comunidad. En definitiva, la presencia de los recursos necesarios y de industrias relacionadas hace que estas inversiones sean viables en el largo plazo.

Sin embargo, hay un recurso que resulta imprescindible para cualquier inversión en un centro de datos: el suministro eléctrico. La negativa del gobierno del Sr. Sánchez, disimulada en un plan estratégico de una compañía supuestamente privada, Red Eléctrica Española, incluida en el IBEX-35, pero controlada por el gobierno como accionista mayoritario, a realizar inversiones en la red eléctrica, descubre otra gran mentira que, vista la trayectoria reciente de los miembros de su partido y de su secretario general, ya no sorprende a nadie. Un supuesto partido federalista (el PSOE) que no cree, por razones ideológicas, en la vertiente competitiva del federalismo, en la que las comunidades autónomas compitan entre ellas para dar la mejor respuesta a las demandas de sus ciudadanos y atraerles hacia su comunidad en lugar de forzar su marcha.

Un buen ejemplo es su invento para incautos que denominan “dumping fiscal”. En lugar de incentivar la creación de innovación y riqueza, propone una fiscalidad creciente homogénea en todas las comunidades autónomas, pisoteando así cualquier iniciativa de éstas y evitando, asimismo, la posible respuesta de los ciudadanos desplazándose a otra comunidad. Un partido que pone impedimentos para proteger actitudes anticompetitivas no cree, o no le interesa creer, en las capacidades de sus ciudadanos y empresas.

Como tampoco es capaz de cumplir con el federalismo cooperativo, que supuestamente es el que tiñe su ya de por sí averiado aparato ideológico, donde los distintos niveles de la Administración colaboran en el despliegue de políticas que faciliten el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos. Como el partido no puede rentabilizar electoralmente inversiones que redundarían en ese bienestar, el gobierno de Pedro Sánchez utiliza su control sobre los fondos y empresas públicos para dañar al segundo nivel de la estructura política de España y, en consecuencia, a la población que reside en el ámbito de actuación de ese segundo nivel.

En esta estrategia de obstaculización de nuevas inversiones en la ampliación de la red eléctrica en la Comunidad de Madrid, el presidente del gobierno utiliza a su ministra Teresa Ribera (Beatriz Corredor es, simplemente, un peón del partido designado para presidir Red Eléctrica Española por lo que, probablemente, poco sepa de infraestructuras energéticas), quien ya provocó la salida del anterior presidente para controlar las inversiones de la compañía y, así, poder estrangular iniciativas de desarrollo como las de la Comunidad de Madrid con la ya gastada excusa “verde”, esa que está más interesada en eliminar cuanto antes fuentes de energía como la nuclear o la hidroeléctrica que en la prosperidad de los españoles.

“La estructura política debe complementar al mercado en el sentido de que su objetivo es la generación de resultados que tengan valor para los ciudadanos”, decía James Buchanan, economista galardonado con el premio Nobel. Pero, en lugar de alinear los intereses de todos aquellos cuya responsabilidad es servir a sus conciudadanos, nos encontramos con un partido de “inspiración federal”, el PSOE, que a lo que verdaderamente se dedica es a “sobreinvertir” en su clientela electoral y en sus aliados comunistas e independentistas para prevenir que esos votantes y aliados no le abandonen en el siguiente ciclo electoral.

Luis Suñer
Socio de Acción Liberal

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Por ello, una quita de deuda supone sacar definitivamente a las comunidades autónomas del radar de los inversores internacionales y provocar que pasen a depender exclusivamente de la financiación estatal. Con esta vía Sánchez se asegura que no va a recibir críticas de los contrapoderes regionales, pues dependen financieramente de él. Eso es lo que quiere Sánchez: Usar los recursos del Estado para en beneficio propio y someter a las administraciones autonómicas, como ya ha hecho con tantas instituciones en España.

La mal llamada condonación –pues en realidad es una mutualización –de la deuda no sólo aleja a las comunidades autónomas de los mercados financieros, sino que también aleja al Gobierno de la Constitución: Cualquier decisión en materia de financiación autonómica –y esta lo es –debe tomarse en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no a través de reuniones bilaterales con los representantes autonómicos.

Acción Liberal

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Se considera a Benjamin Franklin la promoción de la educación universal pública, desde que el entendió que la educación era el mejor medio para la libertad del hombre.

Ello mismo se deriva de la concepción de la igualdad de derechos de todos los hombres ante la ley por el mismo hecho de haber sido creados todo iguales como se reconoce en la Declaración de Independencia de EEUU en 1776 por Thomas Jefferson Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

De la misma manera y el mismo nivel de impacto, inherente al pensamiento liberal se plasma ya en la constitución francesa de 1791 en cuyo título primero (dispositions fondamentales garanties par la Constitution) entre los derechos naturales reconocidos está la creación y organización de una instrucción pública común y gratuita para todos los ciudadanos a la consideración de las partes de la enseñanza indispensable para todos los hombres y cuyo establecimiento sería distribuido gradualmente.

En la constitución de 1946 el preámbulo que mantiene la de 1958 dicta que la nación garantiza el acceso legal del niño y del adulto a la instrucción, a la formación profesional y a la cultura y que la organización de la enseñanza pública, gratuita y laica es un deber del estado

En el constitucionalismo liberal español empezando por texto constitucional de 1812 se da una alusión importante a la educación tratando la idea de la educación como un entramado que requería la intervención del estado, sentando las bases del sistema educativo español. De los diez títulos del texto constitucional de 1812, dedica el titulo IX integro a la educación, siendo, hasta la fecha el único texto constitucional en la historia de España que ha dedicado un título completo a la educación.

Su concreción definitiva no se produjo hasta la aprobación de la Ley de Instrucción Pública de Claudio Moyano de 1857. Se considera que el Titulo IX de la constitución de 1812 contiene los principios educativos básicos del liberalismo. El titulo IX finaliza con una referencia a la libertad de expresión.

El estado liberal se caracteriza por a) el principio de legalidad; b) el sujeto es el centro del mundo y la sociedad; c) reconocimiento y garantía de los derechos; d) principio de neutralidad estatal.

El informe de Manuel Alonso Quintana es una exposición de los principios básicos del ideario liberal en la educación. Se concibe como universal, pública, gratuita y libre.

En el Trienio Constitucional (1820-1833) se reanudó el régimen liberal que apenas había tenido vigencia el régimen liberal de las Cortes de Cádiz. En 1868 en el Sexenio Revolucionario se apuesta la libertad de enseñanza en sentido amplísimo, en el Decreto de 21 de octubre de 1868 de José Ruiz Zorrilla, estableciendo la libertad de creación de centros docentes, la libertad de cátedra y de investigación.

En relación con el marco constitucional de 1978 los derechos fundamentales en educación se recogen en el art. 27 que en diez apartados proclama la libertad de enseñanza y el derecho a la educación en España. En dicho artículo 27 CE, el Tribunal Constitucional dicta que todos los derechos y libertades educativas declarados en dicho artículo forman parte de uno solo, el derecho a la educación.

Muchos juristas consideran que al reconocerse la libertad de enseñanza en el art. 27 CE, se están reconociendo una pluralidad de varias libertades de enseñanza como el derecho a elegir centro docente para estudiar, el derecho de aprender, el derecho a enseñar o el derecho a elegir maestro.

También la libertad de cátedra pertenece al ámbito de los derechos fundamentales en la educación, aunque está reconocida en el art. 20.1.c) CE.

El artículo 27 CE es el articulo más extenso de la CE, con sus diez apartados. En la aprobación de dicho articulo en el Senado se introdujo una enmienda que es la contenida en el art. 10.2 CE en que expresamente reconoce que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la CE reconoce se interpretaran de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias suscritos por España.

La apuesta de algunos colegios privados por el modelo de educación diferenciada o separada por sexos no vulnera el derecho a la educación y su elección estaría en el ámbito de la libertad de elección de centro educativo como así se ha declarado por los tribunales y se establece en la normativa internacional.

En el marco constitucional de la CE de 1978 se aprobaron la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985 como enmienda de la fallida LOECE de 1981 del gobierno de la UCD y que vino a crear la red de centros educativos privados concertados.

La LOGSE reestructura el conjunto de las enseñanzas no universitarias con una etapa de enseñanza obligatoria de diez años entre la Primaria y la ESO, y planteando ya la realidad territorial del estado autonómico y del nivel de competencias autonómicas en materia de currículo escolar. Si bien, hasta ahora, la libertad de educación o  enseñanza no se ha desarrollado en toda su extensión como hemos visto antes.

José Rafael Molina González, doctor en historia de la educación UNED

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Specifically, as Acción Liberal, we would like to alert from the significant risk posed by the documents we have come to know through the press for such important elements of liberal democracy as the separation of powers, the existence of counter-powers to political power, the possibility of viable political turnover, or the compliance with the principles of equality, solidarity, and adherence to the Constitution.

For the past 5 years, we have been warning about the degradation of Spain’s institutional quality. In a mature democracy, there is no room, for example, for the General Prosecutor’s Office to depend on former government ministers; for not changing the system for electing the General Council of the Judiciary so as to depoliticize it; or for such important bodies as the Constitutional Court to be controlled by individuals with an ideological profile aligned with the government, breaking the traditional checks and balances that guaranteed its impartiality and the rigorous and professional application of the Constitution.

In recent weeks, we have been witnessing what many of our colleagues from Spanish-speaking countries did warn us: a Socialist revolution is only possible when counter-powers and institutions to go to are faded away.

We have seen how a tax like the solidarity tax on large fortunes has been endorsed by the Constitutional Court despite clearly violating basic constitutional precepts. Also, we are witnessing how judges are publicly targeted by political power to apply the so called concept of “lawfare”, which is nothing else than devoting the entire machinery of the State to the service of political power to punish anyone willing to enforce the law and allowing autocrats to override the principle that, in democracy, limits are set by laws.

But above all, we are witnessing the greatest threat to our democracy in history: an amnesty law. This means putting the rule of law, the system of judicial guarantees, and our state security forces at the mercy of those who have seriously violated our Constitution and have been convicted for it. This goes beyond whitewashing, media manipulation, and pardons that we have already suffered so far.

This is simply bringing to an end the State model that we established in 1978 among all Spaniards. Civil society associations have the obligation to denounce it and try to stop it with all the tools at our disposal.

Download the official statement in PDF clicking here

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