Todos somos conscientes que un problema importante de la economía española es el mantenimiento del estado de bienestar, y dentro de este, el más grave, la financiación de las pensiones.

Se han manejado distintas estrategias para solucionar el desequilibrio del sistema de pensiones y financiar el déficit de la seguridad social. Entre ellas, se ha propuesto sacar ciertas partidas de gasto para ser financiadas a través de los presupuestos, ignorando que realmente esto ya se está haciendo a través de los préstamos a la seguridad social. Y por otra parte, llevarlo a cabo solo supondría un apunte contable que cambia el gasto de lugar, implicando además que pasaría de ser financiado por los trabajadores a ser financiado por todos los ciudadanos, incluidos los pensionistas.

Además, esta solución conllevaría incrementar la presión fiscal y/o recortar otro tipo de gastos presupuestarios, lo que en el  primer caso perjudicaría la actividad económica, y en el segundo podría tener efectos sobre otras partidas del estado de bienestar.

Otra opción sería incrementar los ingresos de la seguridad social, que podría ser subir las cotizaciones, lo que contraería el empleo, o de forma similar destopar las bases máximas de cotización sin ampliar la pensión máxima, lo que además de reducir la contributividad, incrementaría los costes laborales de los salarios más elevados, que se corresponden con aquellos que aportan mayor valor añadido a la economía, lo que podría repercutir con el crecimiento económico y la propia sostenibilidad de las pensiones.

La solución al desequilibrio presupuestario de la seguridad no vendrá a través de ninguna de estas soluciones. Es necesario elaborar una estrategia que comprenda objetivos a corto y medio/largo plazo y no dañe la economía.

Entre los objetivos a corto plazo, dados los déficits existentes, se deberían implementar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones de la reforma del año 2013. Y dado el previsible recorte de las pensiones públicas, la solución pasa por incentivar el ahorro privado a través de incentivos fiscales y  el fomento de las hipotecas inversas.

Estos cambios tampoco serían suficientes, y a más largo plazo se deberían llevar a cabo políticas económicas que redujesen la tasa de paro e incrementaran la tasa de actividad, al mismo tiempo que resultaría imprescindible actuar sobre la creación de capital humano y flexibilización del mercado de trabajo. Y todo ello sin olvidarnos de incentivar la inversión a través de estímulos directos sobre las empresas e impulsando el capital riesgo, incidiendo especialmente en el volumen de fondos y eficacia de la I+D.

Tampoco debemos olvidar la importancia de la solvencia del sistema financiero, el intermediario a través del cual fluye el ahorro. Ahorro que es importante para llevar  a cabo las inversiones de capital sin depender del exterior. Y en este sentido,  los incentivos fiscales dados al ahorro para la jubilación permitiría elevar la tasa de ahorro y reducir la dependencia del capital exterior.

El ahorro es necesario para poseer el capital suficiente para ir adaptando la economía a las nuevas tecnologías. Pero al mismo tiempo, también es necesario incidir en la creación de capital humano, para lo cual es fundamental una educación de calidad. Y una vez conseguido este objetivo, reformar el mercado de trabajo para flexibilizar la reasignación del factor trabajo en función de la evolución tecnológica y las necesidades de la economía. A lo que podría contribuir, a medio y largo plazo, la implantación de la mochila austríaca.

En este contexto tampoco debemos olvidarnos de modificar la regulación del sector empresarial, no ya a nivel impositivo como de burocracia o laboral que dificulta el crecimiento empresarial, ya que el tamaño empresarial es una de las asignaturas pendientes de la economía española, siendo clave en la productividad de las empresas, tanto a través de las economías de escala que generan, como un mayor nivel de inversión y de exportaciones.

La estrategia expuesta permitiría un mayor crecimiento económico a partir de una mayor productividad y competitividad de la economía española, lo que facilitaría mayores salarios y podría incluso permitir mayores pensiones aunque se redujese la tasa de sustitución, al mismo tiempo que se lograrían mayores ingresos fiscales y por cotizaciones sociales.

Por el contrario, no llevar cabo cambios hace recaer el riesgo económico y demográfico sobre los actuales y futuros contribuyentes, aumentando el desequilibrio intergeneracional al mismo tiempo que pone en peligro la sostenibilidad del sistema.

La cuestión es que debemos ser conscientes de que es necesaria la adaptación del sistema a los cambios económicos, sociales y demográficos, siendo el objetivo lograr la sostenibilidad y suficiencia del sistema.

Víctor Díaz Golpe
Socio fundador de Acción Liberal

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