La sostenibilidad económica ha tomado una rabiosa actualidad, no solo en los foros político-económicos, si no también en las conversaciones de la sociedad civil, que demanda exponencialmente productos que se ajusten a unos parámetros que consideramos sostenibles.

A saber, el respeto medio ambiental en el proceso de fabricación de bienes, el trato justo a los proveedores, la existencia de un ambiente laboral positivo donde se respeten los derechos humanos y la igualdad de oportunidades y la ética en la comercialización de los productos y servicios.

Estas características son cada vez más buscadas en el mercado, y prueba de ello es la evolución de la llamada Inversión Socialmente Responsable (ISR); según Global Sustainable Investment Alliance, los activos gestionados globalmente en base a criterios Medio Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG) aumentaron un 34% entre 2016 y 2018 y hoy suponen la friolera cifra de 30 billones de dólares.

(Fuente: 2018 Global Sustainable Investment Review. Global Sustainable Alliance).

La tendencia de crecimiento de este sector ha demostrado estar sustentada en pilares sólidos, más allá de modas pasajeras o factores coyunturales. A la inequívoca realidad social que acompaña el incremento del volumen de este tipo de activos financieros, le acompaña la evidencia empírica de la rentabilidad que generan las inversiones en esta industria. El estudio “How ESG investing has impacted the asset pricing in the equity market” de Amundi muestra que la inversión con un enfoque ético no implica sacrificar rentabilidad o aumentar el nivel de riesgo, como tradicionalmente se pensaba, si no más bien todo lo contrario.

Paralelamente a los factores de demanda naturales del mercado, es decir los no intervenidos, los gobiernos de la práctica totalidad de países del mundo han iniciado su particular campaña para capitalizar esta demanda social en forma de réditos políticos. Esto no debería significar ningún riesgo o punto negativo per se, pero desafortunadamente el enfoque que ha ido tomando el tema resulta amenazante para el buen funcionamiento del mercado.

Asistimos a diario a declaraciones sobre la necesidad de una nueva regulación para dirigir la economía por un “sendero verde”. Dirigirla claro está, a base de prohibiciones, regulaciones y tratos de favor en forma normalmente de subvenciones a industrias que podrían ayudar a alcanzar el llamado “modelo económico” buscado por estos gobiernos.

No nos resultan desconocidas declaraciones como la de la Ministra de Transición Ecológica sobre la futura prohibición de automóviles diésel que azotó de pleno a una de las industrias más potentes a nivel nacional, o la intención de obtener recursos públicos mediante “bonos verdes” por parte del Gobierno alemán o sueco.

El problema de esto reside precisamente en las intenciones que esconden las palabras de los Gobiernos. Tratar de maquillar de verde un mayor endeudamiento que acabaremos pagando todos los europeos, y las prohibiciones por decreto que ignoran la progresividad necesaria para asumir las demandas sociales y medioambientales, terminarán por impactar de manera negativa en la economía, ensombreciendo las virtudes de la inversión socialmente responsable.

Los ahorradores con inquietudes éticas, sociales y medioambientales deben ser muy cautos ante quienes quieren imponer por ley un modelo económico, al igual que lo somos ante aquellos que creen posible la fijación de salarios mínimos por encima del mercado sin que ello acarreé pérdida de empleo o inflación

La Inversión Socialmente Responsable ha llegado para quedarse y extenderse en todos los mercados, alineando la demanda social con la oferta empresarial. Esta alineación de los deseos de consumidores y la producción de bienes y servicios es propia e inescrutable en el mercado.

(Fuente: 2018 Global Sustainable Investment Review. Global Sustainable Alliance).

La incorporación de factores de sostenibilidad a la realidad empresarial global no es una excepción a esta alineación de la oferta y demanda de activos financieros, que al final no son más que representaciones del capital o del crédito de las compañías. Por ello, lejos de tener que aceptar las tesis intervencionistas que promulgan la necesidad de políticas públicas para avanzar a un modelo económico sostenible, deberíamos rechazarlas de pleno.

La intromisión política en el plano económico nos ha dejado a lo largo de la historia un rastro infinito de fracasos y desmanes por la alteración de la estructura productiva de las diferentes industrias. Hoy día se pretende realizar un lavado de cara a las llamadas políticas públicas de sostenibilidad económica infundiendo la idea de su necesidad para la transición ecológica, pero lo cierto es que el mercado ya se encuentra en dicha evolución y no necesita en absoluto de ningún impulso público para alcanzar ese fin.

El mercado recoge estas demandas y asigna recursos en consecuencia, quizá lo que pretenden los gobiernos es que esos recursos se concentren en determinadas empresas o sectores lobbísticos a los que no están llegando estos flujos de capitales sostenibles. En cualquier caso sin intervención alguna estamos consiguiendo grandes hitos en materia de sostenibilidad, la intervención pública para alcanzar este objetivo ni es necesaria, ni es deseable.

Klaus Ulrich
Socio fundador de Acción Liberal

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