Recientemente nos hemos despertado con la pesadilla de un gobierno en España liderado por la izquierda y extrema izquierda, cuyo objetivo teóricamente es el bienestar social, lo cual es un motivo para ponerse a temblar.

La situación de déficit del presupuesto público (estimado en el 2,5% del PIB https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/arce161219.pdf ), sumado a la deuda existente (97,8% en el 3T 2019 https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/19/presbe2019_79.pdf  según el Protocolo de Déficit Excesivo, lo que indica que la deuda es todavía mayor), deja poco margen de maniobra. A pesar de ello, el ejecutivo insiste en profundizar en el gasto, ya sea a través de incremento de pensiones o de la remuneración de los empleados públicos, con un claro fin electoralista.

Además, pretende salvar al mundo del nuevo paradigma creado de la “emergencia”  climática, cuando España supone solo el 1,66% del PIB mundial https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD y emite el 0,77% https://yearbook.enerdata.net/    de las emisiones globales.

Y naturalmente esta salvación tiene un precio. Un precio que pagaremos entre todos y que nos puede recordar el déficit de tarifa del sistema eléctrico generado por los gobiernos de Zapatero. Concretamente, entre los años 2000 y 2013 la deuda generada por el sistema supuso un importe de 40.327 mill euros. https://blog.cnmc.es/2020/01/21/deficit-tarifa-2019-cnmc/

A pesar de ello, el gobierno ha presentado el Plan Estratégico de Energía y Clima, que pretende gastar 236.000 mill de euros en diez años  https://www.eleconomista.es/premium/pdf.php?idPDF=9426 . Es decir, no han sido suficientes las ocurrencias de la etapa Zapatero sino que hemos de profundizar más en las iniciativas energéticas que contribuyen a hundir la economía del país.

En este sentido, parece ser que el gasto correspondiente a la lucha contra la “emergencia climática” no está sujeto a ningún tipo de restricción, aunque contribuya a generar pobreza energética, ya que no olvidemos que está es resultado de los incrementos en el precio de la electricidad resultado de los costes fijos y de decisiones políticas, además de resultado de la pobreza salarial.

A esta última han contribuido las distintas políticas socialdemócratas, fundamentalmente socialistas,  que ha sufrido este país desde que se instauró la democracia, que han incidido en un modelo productivo basado esencialmente en la competencia en precio y no en calidad y diferenciación.

El problema radica en que este tipo de modelo productivo no facilita el incremento salarial, lo que a su vez propicia la pobreza infantil, otro gran mantra esgrimido por la izquierda, cuando la realidad es que la pobreza infantil no existe, ya que esta se deriva de la precariedad laboral y pobreza de los progenitores. Es decir, y salvo excepciones, actuando contra la pobreza de los trabajadores, se elimina la pobreza infantil.

No quiero dejar escapar la ocasión de comparar el despilfarro energético con lo que ha costado el rescate bancario como ejemplo de la doble vara de medir de la ideología de izquierda, ya que estamos habituados a escuchar y reclamar a la banca devuelva lo que ha costado su rescate, cuando para empezar el rescate ha sido de la banca pública.

Además, el Banco de España ha cifrado en 42.561 millones https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/notabe201119.pdf de euros el importe de dicho rescate, casi la misma cantidad de deuda generada por el sistema eléctrico, ya que aunque el importe del rescate bancario total fue de 65.725 millones, 23.164 de estos fueron aportados por el propio sector a través del fondo de garantía de depósitos. Es decir la banca privada contribuyó al rescate de la banca pública.

Pero volviendo al tema anterior, y como comentaba, la precariedad laboral y la remuneración salarial son hándicaps importantes para lograr calidad de vida. Pero el intento de solucionar este último a través de incrementos en el SMI puede dar lugar a efectos opuestos a los deseados.

Problema que además engarza con el de la España vaciada, sobre la que confluye el efecto del SMI sobre el empleo del sector agrario, al mismo tiempo que dificulta la formación de familias y natalidad.

Sin embargo, la presión sobre las familias de escasos recursos no se acaba aquí, ya que el reciente RDL sobre el alquiler, así como la reforma de la Ley hipotecaria dificultan el acceso de estas personas a una vivienda digna.

Por tanto, parece bastante evidente que las políticas diseñadas para reducir la desigualdad y pobreza, así como reducir la despoblación y proveer de una vivienda digna a las familias se dirigen en el sentido opuesto al objetivo declarado, cuando además, contribuyen a frenar el crecimiento económico.

Sorprenden por tanto declaraciones previas a las elecciones, que consideraban imprescindible que se formara un gobierno para hacer frente a los problemas del país sin considerar que las medidas tomadas por dicho gobierno pueden entorpecer el crecimiento económico y con él, el empleo y el bienestar general. Motivo por el que me incluyo entre los que piensan que es más vale no tener gobierno que tener un mal gobierno.

En definitiva, podríamos concluir que este no es un gobierno, sino más bien un despropósito que nos ha tocado soportar.

Víctor Díaz Golpe
Socio fundador de Acción Liberal

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