La crisis sanitaria actual ha conmovido al mundo y ha afectado especialmente a España, tanto desde el punto de vista sanitario como económico. Desde el sanitario por el elevado número de contagiados y fallecidos. Desde el económico, por las importantes necesidades financieras derivadas de la situación, tanto en gasto sanitario como socioeconómico, para soportar financieramente a familias y empresas mientras se contiene la curva epidemiológica .
Ante esta situación, el presidente del gobierno ha propuesto reeditar los pactos de La Moncloa de 1977. Estos comprendían ámbitos políticos y económicos. Políticos, que en ese momento tenían sentido, ya que se trataba de democratizar el país, autorizándose la libertad sindical y el derecho a huelga, la libertad de expresión, de prensa y de asociación política. Y económicos, que en aquel momento se encontraban condicionados por la elevada inflación, y que comprendían esencialmente aspectos como la reducción salarial en términos reales, reducir el gasto público real, una reforma fiscal, controlar el crecimiento de masa monetaria para que fuera inferior a la inflación, y limitar el recurso de financiación del Banco de España. Estos dos últimos hechos hoy imposibles al haber perdido la soberanía monetaria a favor del BCE.
Sánchez ha planteado unos nuevos pactos de La Moncloa, pero inicialmente también VOX solicitó la dimisión del actual gobierno y la creación de un Ejecutivo de concentración . La segunda de las opciones no ha sido planteada por el presidente del país, ya que, en mi humilde opinión, implicaría una pérdida de poder inconcebible y probablemente irrecuperable.
En cualquier caso, tanto en una como en otra alternativa, un acuerdo implicaría llegar a un consenso, presumiblemente de mínimos, ya que mientras los objetivos del problema pueden coincidir entre los distintos partidos políticos y agentes sociales, la estrategia para enfrentarlos pueden ser muy dispares e incluso radicalmente distintas.
Llama la atención también porqué se ha esperado hasta ahora para hacer la convocatoria. Surge entonces incertidumbre en la oposición ante la duda de la sinceridad de que se trate de buscar una salida a la crisis o de una burda maniobra de publicidad y manipulación partidista y populista con el fin último de manipulación de masas ideológicamente afines.
El gobierno incide en su buena voluntad y blandea la bandera de su preocupación por el futuro de España , lanzando simultáneamente la pelota a la oposición al indicar que estarán incluidos en el pacto todos aquellos partidos o agentes sociales que no se autoexcluyan, indicando soslayádamente que a estos no les interesa el futuro de España.
La propuesta indudablemente tiene trampa. El Gobierno no tiene, como en los primeros pactos de La Moncloa un proyecto sobre la mesa, como en 1977 había elaborado el profesor Fuentes Quintana, ministro de economía. En este caso más bien se intuye que el Gobierno, y más concretamente el PSOE, quiere mutualizar la mala gestión e ineficiencia que ha demostrado hasta el momento, incluso llegando a pretender quizá también socializar su irresponsabilidad.
Esta situación no excluye que fuesen deseables unos nuevos pactos de La Moncloa, con objetivos también políticos y económicos. Políticos en el sentido de profundizar y reforzar el sistema democrático a través de una verdadera separación de poderes. Evitando la designación política de cargos institucionales, especialmente el CGPJ, el Fiscal General del Estado y el Tribunal Constitucional.
Una reforma de este tipo, que fortaleciera las instituciones democráticas, también sería bien recibida en el entorno empresarial y los mercados, ya que reforzaría el estado de derecho y reduciría la posibilidad de caer en situaciones de inseguridad jurídica como ya ha ocurrido en el pasado. Implicaría, como dicen Acemoglu y Robinson en su libro “El pasillo Estrecho” buscar el equilibrio que nos condujese a lo que los autores denominan Leviatán encadenado, un control recíproco entre Estado y sociedad en que se fomenta en mayor medida el crecimiento económico y el estado de bienestar.
En el momento actual, España afronta esta contracción económica con importantes debilidades debido, entre otras cosas, a su estructura económica, tal como reconoce un informe de ESADE , indicando que la demografía, el tamaño empresarial, y el elevado grado de dependencia de los servicios (turismo, hostelería, transporte), hace al país más vulnerable haciendo la crisis más severa que en otros países.
Pero tenemos que reconocer que ésta estructura económica es consecuencia de las políticas llevadas a cabo hasta ahora, que han propiciado una economía poco productiva que compite esencialmente en costes, con la consiguiente repercusión sobre salarios y calidad de vida. Cuando además, este modelo productivo condiciona el crecimiento económico y los ingresos fiscales, siendo responsable, conjuntamente con la carencia de políticas fiscales anticíclicas, de la situación en que el país se encuentra y de las dificultades para enfrentarse a la crisis del COVID-19.
La solución requiere tomar medidas en muchos ámbitos, pero al contrario de la opinión general, creo que esta crisis debería ser tomada como una oportunidad para cambiar el modelo productivo del país. No para reconstruir la economía como se viene diciendo, ya que tanto las infraestructuras como instituciones del país siguen pié como antes de la pandemia. Sino para reestructurarla. Reestructurar no significa dejar caer a toda la actividad empresarial de poco valor añadido, pero si un cambio progresivo del modelo productivo actual y evitar crear una economía zombie que sobreviva gracias a las ayudas públicas. Ello implicaría ponderar nuestras fortalezas y debilidades como país y destinar los recursos a sectores previsiblemente más competitivos en calidad y diferenciación en el futuro.
Un cambio de este tipo puede ser complejo y largo abarcando múltiples aspectos, pero por algún lado hay que empezar, y como dice un proverbio chino (Lao-Tse), un largo camino se comienza dando el primer paso. Y a mi juicio, entre los ámbitos y elementos concretos a tocar se encuentran:
Mercado laboral:
-Reducir el SMI después de las subidas efectuadas y de la situación previsible a futuro de déficit y deuda públicos.
-Reforma del mercado laboral, eliminando la dualidad para mejorar la productividad. En este sentido se debería implantar el contrato único, con un sistema de indemnización por despido decreciente, o alternativamente incorporar la mochila austríaca y/o el modelo inglés del Automatic Enrolment.
Reforma fiscal:
-Incrementar el IVA, cuyo tipo efectivo es de los menores de la Unión Europea y al contrario de lo que se piensa supone una subvención al segmento de población de más recursos. Motivo por el que las políticas redistributivas deberían perseguir otro camino.
-Reducir las cotizaciones sociales, lo que equivaldría a una devaluación generando mayor competitividad de la economía. Tendría esta iniciativa simultáneamente un efecto negativo, ya que agudizaría el problema de las pensiones al reducir los ingresos del sistema, pudiendo la solución proceder, al menos en parte, por desplazar parte del incremento de subida del IVA hacia las pensiones.
Las pensiones suponen actualmente un importante problema financiero de difícil solución, aunque ya se han planteado reestructuraciones que pasan por un sistema mixto de capitalización basado en cuentas nocionales y reparto semejante al modelo sueco. Independientemente de este hecho, la solución es complicada dadas las elevadas tasas de sustitución y un modelo productivo que compite en coste, que da lugar a salarios más bajos, y por tanto menores aportaciones al sistema.
Aportaciones que también se reducen dada la elevada tasa de paro existente y por tanto menor número de ocupados. Motivo por el que cambiar la regulación laboral reduciendo la dualidad del empleo, al mismo tiempo que se crea un entorno que favorezca la iniciativa empresarial y el crecimiento del tamaño de las empresas, favorecería el empleo, reduciría el subempleo, y facilitaría salarios más elevados.
-Pero al mismo tiempo que se estimula la actividad empresarial, se debe incentivar la búsqueda de empleo y la formación. Hecho sobre el que me gustaría incidir, ya que aunque es necesario implementar ayudas para el segmento de población de menos recursos, estas deben ser temporales y condicionadas a la formación y búsqueda de empleo. Es decir, debe suponer un proceso transitorio mientras se adecúa la persona a las necesidades del mercado y la sociedad. Y en este sentido no debemos olvidar que el mejor subsidio es un buen empleo, pudiéndose llevar a cabo un efecto redistributivo a través de un impuesto negativo sobre la renta.
Estas ayudas han cobrado importancia mediática últimamente a través del futuro establecimiento de una renta mínima permanente. Esta supondrá una carga para todos los contribuyentes y para las generaciones futuras dados los previsibles incrementos importantes de déficit y deuda públicos, lo que supone un flagrante acto de insolidaridad intergeneracional.
Además, parece demostrado que estas ayudas desincentivan la búsqueda de empleo, véase el PER y las mayores tasas de paro de las CCAA que lo reciben. Incentivando además la economía sumergida, suponiendo una competencia desleal que contribuye a expulsar a la economía legal del mercado perpetuando un modelo productivo basado en costes que impulsa los salarios hacia abajo. Debiendo incidir además en que la economía sumergida no aporta ingresos a la hacienda pública, y la competencia a las actividades legales puede hacer desaparecer estas reduciendo todavía más los ingresos fiscales, y por tanto mermando la capacidad de ayudar a los ciudadanos que más lo necesitan.
Sin embargo, se pretende que este tipo de ayudas, además de permanentes, sean incluso compatibles con desarrollar un trabajo para precisamente no desincentivar la búsqueda de este. Un despropósito mayúsculo dada la situación del país, cuando además se pretende financiar en base a los presupuestos generales del Estado, es decir, con deuda, a pesar de la situación en que nos encontramos y previsible incremento significativo de déficit y deuda públicos.
Sin embargo, siendo los peligros económicos importantes, quizá lo sea mayor el político, ya que estas iniciativas forman parte de herramientas de clientelismo político, la compra de votos a cambio de miseria, reflejando la degeneración de un sistema democrático ya comprometido.
En resumen, podríamos decir que queremos unas prestaciones sociales, que además de contraproducentes, y que no nos podemos permitir porque el modelo productivo actual no genera los ingresos suficientes para mantenerlo, incentivan la subsidiaridad y comprometen el sistema democrático.
Pero como indicaba anteriormente, lo importante es crear empleo de calidad. Motivo por el que se debería impulsar y fomentar la inversión en capital-riesgo, tanto a nivel societario como individual. Y simultáneamente no entorpecer el crecimiento de tamaño empresarial y favorecer fiscalmente la inversión, y para ello una herramienta importante es el impuesto de sociedades.
-Impuesto de Sociedades.- Se podría reducir el tipo del impuesto de sociedades, evitando de este modo también la competencia desleal de otros países. O mejor aún, implementar modelos como los de Estonia, tributando solo por los beneficios distribuidos, evitando situaciones de doble imposición al mismo tiempo que se incentiva la inversión, incluida la extranjera, lo que fomentaría la creación de empleo, y que de paso que se nos pegue algo de know-how y valor añadido.
Incidir sobre el impuesto de sociedades es importante, ya que este es el impuesto que más distorsiona la actividad económica. En definitiva, se trata de buscar una estructura fiscal neutral, que promueva un crecimiento económico sostenible y competitivo, que favorezca la inversión y genere los ingresos fiscales suficientes para el sostenimiento del estado de bienestar.
Inversión:
Puede ser privada o pública. La privada se incentiva como ya he indicado anteriormente, pero en lo que se refiere a la pública, recordar que el gasto público español supone del orden del 41% del PIB. Pues bien, de este porcentaje solo el 2% del PIB se destina a inversión pública, de las menores de la UE, cuando es conocido que unas buenas infraestructuras contribuyen a la competitividad del país.
En este sentido también es importante recordar el volumen de fondos que actualmente suponen las prestaciones por desempleo (22.000 mill) y los gastos financieros (28.000 mill) para hacer frente al servicio de la deuda. Millones que suponen un coste de oportunidad, y que podrían emplearse en mejorar el estado de bienestar o reducir impuestos, lo que daría lugar a un mayor crecimiento económico además de evitar el déficit público.
Y siguiendo con el tema fiscal, se ha comentado en muchos casos la importancia de la economía sumergida en nuestro país. Siendo importante, aunque difícil de estimar por su propio carácter, su capacidad recaudatoria en caso de hacerse legal sería relativa, ya que del 20-25% del PIB que se le supone, según hacienda solo se podría “blanquear” solo lo correspondiente al 6,7% del PIB, ya que para el resto no sería rentable hacerlo y desaparecería.
Indudablemente estas no serían todas las modificaciones necesarias para cambiar el modelo económico del país, ya que algunas requieren un plazo más largo de instauración, entre las que cabría destacar el sistema educativo.
En cualquier caso, lo fundamental es cambiar el modelo económico del país. Cambiar un modelo basado en costes por otro basado en valor añadido que facilite el desarrollo empresarial. Para ello hay que relajar la regulación y facilitar la competencia, incrementar el volumen y eficiencia de la I+D, en la que España destaca por su bajo nivel de inversión, en términos reales se acerca al 0,2% del PIB , e incidir en el capital humano. Capital humano que no es solo importante en la creación de valor añadido, sino también en dotar al mercado de trabajo de la suficiente flexibilidad como para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado, fomentando la flexiseguridad. y la mochila austríaca.
Como breve resumen, podríamos decir que nos encontramos en una situación complicada, con proyecciones de déficit y deuda públicos importantes y con un margen de maniobra escaso. Consecuencia en gran medida de la estructura económica del país y de la ausencia de políticas fiscales contracíclicas previas. Sin embargo, el país no debe paralizarse ante la adversidad, recoger el reto como una oportunidad, actuar y cambiar el modelo productivo del país, lo que reducirá el desempleo, mejorará los salarios, y permitirá una mayor calidad de vida para toda la población, reduciendo significativamente la necesidad de subsidios y el déficit público.
Víctor Díaz Golpe
Socio fundado de Acción Liberal
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