El Gobierno no es la razón, y tampoco es la elocuencia, sino la fuerza. Opera como el fuego; es un sirviente peligroso y un amo temible (George Washington)

En una auténtica democracia, la autoridad de un gobierno reside en el consentimiento de sus gobernados. Esto significa que el gobierno no es el soberano originario, sino un agente delegado al servicio de los ciudadanos. Frente a lo que ocurre en las tiranías, en un Estado democrático y de Derecho, el ejercicio del poder es limitado. El gobernante no puede ampararse en la legitimidad de las mayorías, o de unos pactos postelectorales, para imponer sus caprichos y saltarse los límites constitucionales.

Estos límites y controles son la única garantía con la que contamos los ciudadanos para prevenir los abusos de poder. De ahí que deban ser interpretados de manera estricta, al objeto de que ningún gobernante se vea tentado de exceder “de facto” el marco de su poder delegado, utilizando coartadas como: garantizar la seguridad pública, o proteger supuestos derechos colectivos.

Pues bien. En España asistimos a una demolición controlada del Estado de Derecho, por parte de un Gobierno sin escrúpulos, que ya mostró claramente esas intenciones liberticidas (recordémoslo) incluso antes de formarse la actual coalición social-comunista:

– empezando por la interferencia en el Tribunal Supremo, al objeto de rebajar la sentencia del procés (que ahora pretenden anular con indultos)

– continuando con la elección “a dedo” de una diputada socialista como Fiscal General del Estado, sumada a un Defensor del Pueblo interino, con casi 50 años de carnet socialista (¡!)

– escalando en la infamia, con la reducción del régimen de mayorías para la elección de los vocales del CGPJ.

– alcanzando el culmen con una Estafa de Alarma claramente inconstitucional, que supone un caso único en la UE, y cuya “heterodoxia democrática” ha sido denunciada por la UE en varios informes.

Nótese cómo cada uno de estos abusos de poder ha podido ser cometido y consolidado, amparándose en supuestas lagunas normativas: “aquello que la ley no prohíbe expresamente, debe entenderse permitido”, argumentan algunos con cinismo…

En el caso del Estado de Alarma, el Gobierno no solo se aferra a una interpretación laxa de los derechos fundamentales, para evitar tener que declarar un Estado de Excepción (lo que conllevaría mayores controles y límites) Más allá de esto, pretende extender hasta nada menos que 6 meses (¡!), el plazo máximo de 15 días que establece la Constitución para la vigencia y/o prórroga del Estado de Alarma.

Esto no solo supone una flagrante inconstitucionalidad, sino el absurdo inconcebible de superar el límite de 60 días señalado por nuestra Ley de Leyes para las situaciones de mayor excepcionalidad. Como coartada de este burdo abuso ilegal, el Gobierno social-comunista se aferra al supuesto precedente de la crisis de los controladores aéreos de 2010, en la que el plazo del Estado de Alarma se extendió durante un mes. Olvida que en ese caso no se limitaron los derechos fundamentales de los ciudadanos (todo lo contrario) Y también, que los jueces dieron la razón a los controladores en casi todas las demandas, sin entrar a analizar la ilegalidad de ese plazo, ya que no fue alegada en ninguno de los recursos.

Lo que parece ignorar este Gobierno liberticida, así como muchos de sus juristas palmeros, es un principio general del Derecho que está presente en todos los ordenamientos jurídicos democráticos: se trata del principio «in dubio pro libertate«, el cual rige nada menos que desde el Derecho Romano. Supone este principio que, en caso de duda, habrá que estar a favor siempre del sentido más favorable para la existencia y garantía de un derecho fundamental. Principio implícitamente reconocido en el artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el artículo 28 de la Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales de 16 de Mayo de 1989.

En consecuencia, desde Acción Liberal rechazamos rotundamente esta “Estafa de Alarma”, y exigimos al Gobierno recurrir a la vía democrática ordinaria, para seguir luchando contra la pandemia con los instrumentos legales que tiene a su disposición, tal y como han hecho el resto de Gobiernos europeos con un talante más democrático.

De lo contrario, se sentaría un peligroso precedente que pondría en riesgo nuestro Estado de Derecho y la sana división de poderes.

Luis Negrete. Socio Fundador de Acción Liberal

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