La democracia liberal que nos dimos en 1978 una inmensa mayoría de españoles está en peligro. Ahora que al otro lado del Atlántico imperan los regímenes neocomunistas y el virus totalitario genera una alarma constitucional echamos la vista atrás y nos damos cuenta de que el sistema de libertad, paz y progreso que nos hemos dado en los últimos 40 años es como una flor exótica, inédita y difícilmente recuperable que requiere cuidados a diario para poder sobrevivir.
La España de 2022 es un lugar en el que 58 delincuentes condenados por delitos sexuales han visto reducidas sus penas, con algunos incluso en la calle, por una ley sectaria e ideológica como la del “sí es sí”. También somos el único país de toda Europa con un gobierno de coalición entre la izquierda y la ultraizquierda. Y, por último, somos ese país en el que a los empresarios y generadores de riqueza se les persigue con el código penal, se les ahoga a impuestos y se dificulta su actividad con normativas absurdas, mientras condenados por sedición vuelven a la calle sin necesidad tan siquiera de arrepentirse, gente como Otegui, condenado en 2006 por terrorismo por la Audiencia Nacional es blanqueado en medios gubernamentales y se jacta de influencia en las decisiones del Gobierno.
Los presos por presupuestos que nos alarmaron el año pasado es algo caduco, obsoleto y lejano en el tiempo. Ahora son presos, sediciosos y corruptos por presupuestos.
Lo alarmante no es tanto lo que estamos viviendo en los últimos días, sino el hecho de que esté siendo impulsado desde el propio Gobierno de España y, sobre todo, que parezca que no haya contrapoderes con capacidad suficiente para detenerlo. El PSOE, que siempre se ha jactado de ser un partido constitucionalista, ahora muta en el Partido Sanchista Obrero Español, una organización que adopta las posturas más radicales del PSC, manda al destierro a los insumisos, y abona con descaro el terreno para que un populista, sea el propio Sánchez o quien le suceda, convierta una España repleta de oportunidades en un país autoritario en el que impera una falsa democracia sin ley.
Esto, sin embargo, no debe hacernos perder la cabeza. Solucionar los graves problemas de populismo y autoritarismo que sufrimos en nuestro país no pasa por más populismo, aunque sea de signo político distinto.
Si queremos saber hacia dónde vamos primero debemos conocer de donde venimos. El desguace del Estado ha sido un proceso lento, que lleva años fraguándose, pero que nunca ha dado un paso atrás.
Primero fue el despojarnos de nuestra identidad y de nuestros valores. Los continuos atentados contra la familia, contra la meritocracia, contra la fe, contra nuestros símbolos (como la Monarquía), contra nuestra historia y contra todo lo que nos une ha sido una constante desde hace décadas. Con el monopolio educativo en manos del socialismo, muchos medios de comunicación sobreviviendo gracias a la chequera pública y la enorme red clientelar que ha tejido la izquierda con el dinero de todos, sólo ha bastado que pase el tiempo para que sustituyamos todo lo que daba sentido a nuestras vidas por la labor del Estado. Hemos quedado despojados de nuestra identidad como ser humanos y sometidos a la ingeniería social de quien sólo quiere el poder cueste lo que cueste.
El segundo elemento imprescindible en esta hoja de ruta ha sido la ruptura de acuerdos políticos básicos para nuestra democracia. Con el Pacto del Tinell se rompió el vínculo político para mantener la unidad nacional; con la firma con EH Bildu se derogó implícitamente toda la lucha antiterrorista; y con la cesión del Sáhara a Marruecos se volaron todos los puentes de acuerdo en materia de política exterior.
El tercero ha sido la falta de escrúpulos a la hora de tomar el poder en circunstancias excepcionales. Recordemos que Zapatero fue elegido presidente del Gobierno tan sólo unas semanas después del peor ataque terrorista de nuestra historia democrática y Sánchez accedió al cargo tras una moción de censura basada en unas acusaciones de corrupción que se han quedado en nada.
Y esto enlaza con el cuarto puntos: El uso abusivo del Poder Ejecutivo, especialmente en situaciones excepcionales. El PSOE acumula dos estados de alarma declarados inconstitucionales a sus espaldas, varios varapalos judiciales de primer nivel, una sentencia firme que acredita el mayor caso de corrupción de la historia democrática de nuestro país y una colección inacabable e incompleta de instituciones al servicio del Estado adulteradas para ponerlas a disposición del Gobierno. Si algo ha aprendido el Presidente Sánchez es que la falta de asunción de responsabilidades es algo que sus electores no castigan. O, al menos, eso dicen las encuestas. Por eso estira la cuerda hasta sus límites con la esperanza que la propaganda gubernamental y el suceder de los acontecimientos borren estos negros hitos de su hoja de servicio al país.
Y, por último, aunque no por ello menos importante, está la cronificación de la pobreza y el intervencionismo económico al que nos ha tenido sometidos el PSOE casi desde su nacimiento como partido democrático. Es cierto que hay quien mira con añoranza ese partido que “sólo” (nótese la ironía) dejaba las finanzas públicas quebradas cuando abandonaba el gobierno. Pero la realidad es que con los datos oficiales en la mano, la riqueza por habitante en España ha descendido a niveles de 2007, cada español debe 23.500 euros más por la gestión de sus políticos que entonces, seguimos con la mayor tasa de paro de Europa, somos el único país de Europa que no ha recuperado los niveles de riqueza previos a la pandemia del Covid19 y estamos a la cabeza en paro y paro juvenil de la OCDE. Todo ello con un gasto público que se ha disparado hasta el 52% del PIB mientras la desigualdad y la pobreza han crecido en el último año.
Si algo tienen en común todos los procesos revolucionarios y progresistas de Hispanoamérica es que se producen tras la okupación de las instituciones, tras el desorden social y la inseguridad jurídica, y tras convertir a los ciudadanos en súbditos por dejarlos desprovistos de autonomía moral y económica para poder salir adelante.
Por eso la respuesta a lo que está sucediendo en España ha de ser la unidad, la construcción de una alternativa política sólida y solvente que ilusione, y un proceso de concienciación masivo de aquí hasta que llegue el momento de ir a las urnas.
Frente a quien nos pretende infantilizar, libertad; frente a quien nos quiere someter, responsabilidad; frente a quien aspira a poner todas las herramientas del Estado a su disposición, ley, convicciones y valores; y, frente a quien nos pretende dividir porque solo así puede vencer, clamor en las urnas.
Hay quien piensa que esto es “cosa de políticos”. Nada más lejos de la realidad. El socialismo radical patrio ha decidido importar la desastrosa política económica de Argentina, la misma receta social que ha fallado estrepitosamente en Chile y el proceso de ingeniería social que ha destrozado Cuba y Venezuela. Si les damos legitimidad moral para atacar jurídicamente a los empresarios, a la Constitución o a los ricos, no podemos esperar que nadie nos defienda cuando nos pongan al común de los mortales en la diana. Porque no habrá herramientas. Desguazar la democracia liberal lleva a un régimen autoritario sin ley que nos deja a todos a los pies de nuestros gobernantes.
Daniel Rodríguez Asensio
Presidente de Acción Liberal Think Tank For Freedom
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