Desde Acción Liberal nos unimos a las asociaciones judiciales, a los jueces decanos, al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a los fiscales, a los abogados del Estado, a los letrados de Justicia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los inspectores de Hacienda, a los inspectores de trabajo y seguridad social, a la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, a la CEOE, a la Asociación de Diplomáticos Españoles, al Instituto Juan de Mariana, y a todas las organizaciones que han mostrado su preocupación por los acuerdos de investidura a los que está llegando el PSOE, encabezando por Pedro Sánchez, en las últimas semanas.

Concretamente, desde Acción Liberal nos gustaría alertar sobre el riesgo tan importante que suponen los documentos que hemos venido conociendo por la prensa para elementos tan importantes de la democracia liberal como son la separación de poderes, la existencia de contrapoderes al poder político, la posibilidad de que haya una alternancia política viable, o el cumplimiento de los principios de igualdad, solidaridad y acatamiento de la Constitución.

Durante los últimos 5 años hemos venido advirtiendo de la degradación de la calidad institucional de España. En una democracia madura no hay cabida, por ejemplo, a que la Fiscalía General del Estado dependa de exministros del Gobierno; a que no se produzca una renovación del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para despolitizarlo; o a que organismos tan importantes como el Tribunal Constitucional sean controlados por personas con un perfil ideológico afín al Gobierno y se rompan los tradicionales equilibrios que garantizaban su ecuanimidad y la aplicación de la Constitución con rigor y profesionalidad.

En las últimas semanas venimos viendo lo que muchos de nuestros compañeros de países hispanoamericanos nos han advertidos en varias ocasiones: La revolución socialista solamente es posible cuando se pierden los contrapoderes e instituciones a las que acudir.

Hemos visto cómo un impuesto como el de solidaridad de las grandes fortunas ha sido avalado por el Tribunal Constitucional a pesar de vulnerar claramente preceptos constitucionales básicos. También, estamos viendo cómo se señala públicamente a jueces desde el poder político para aplicar el principio del lawfare, que no es otra cosa que poner todo el aparataje del Estado al servicio del poder político para acabar con todo aquel que esté dispuesto a aplicar la ley y mostrar a los autócratas que, en democracia, los límites los ponen las leyes.

Pero sobre todo estamos viendo la mayor amenaza sobre nuestra democracia de la historia: Una ley de amnistía. Esto supone poner el estado de derecho, el sistema de garantías judiciales y a nuestras fuerzas y cuerpos del Estado a merced de quienes han infringido gravemente nuestra Constitución y han sido condenados por ello. Esto es un paso más allá del blanqueamiento, de la manipulación mediática y de los indultos que ya hemos venido sufriendo.

Esto es, sencillamente, acabar con el modelo de Estado que nos dimos en 1978 entre todos los españoles. Y las asociaciones de la sociedad civil tenemos la obligación de denunciarlo y tratar de frenarlo con todas las herramientas a nuestra disposición.

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