Hemos conocido recientemente la negativa del Gobierno del PSOE a realizar las inversiones necesarias en la red eléctrica que presta servicio a las empresas y habitantes de la Comunidad de Madrid, impidiendo de esta forma que se realicen cuantiosas inversiones en nuevas infraestructuras de centros de datos en esa Comunidad.

Existe una demanda creciente originada por nuevas tecnologías como IoT (internet de las cosas), los despliegues de las redes móviles 5G, las herramientas de colaboración como consecuencia de la generalización de las oportunidades de teletrabajo, la analítica de grandes volúmenes de datos para dar mejores respuestas a clientes o usuarios, o las más recientes aplicaciones de la inteligencia artificial.

Todo esto está requiriendo nuevas inversiones en el sector de los centros de datos, donde la Comunidad de Madrid posee ventajas comparativas (desde el punto de vista de Heckscher y Ohlin, es decir, considerando la abundancia relativa de los factores) frente a otras localizaciones. En primer lugar, los principales cables submarinos que conectan Europa con América o Asia amarran en España y las principales rutas de alta capacidad de transporte desde los puntos de amarre de éstos conectan con la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, las capacidades metropolitanas de conexión en esta Comunidad (lo que técnicamente se denomina backhaul) facilitan la conexión de estos nuevos centros, donde el volumen de información a gestionar convierte la aparición y desarrollo de los servicios de conexión a internet, con sus redes sociales, plataformas de video o la simple navegación, en un simple aperitivo.

Y sin querer pecar de exhaustivos, factores como pueden ser la disponibilidad de suelo (con muy baja probabilidad de riesgo sísmico o meteorológico), las compañías de construcción con un alto nivel tecnológico, los servicios financieros o el capital humano, son más abundantes en esa Comunidad. En definitiva, la presencia de los recursos necesarios y de industrias relacionadas hace que estas inversiones sean viables en el largo plazo.

Sin embargo, hay un recurso que resulta imprescindible para cualquier inversión en un centro de datos: el suministro eléctrico. La negativa del gobierno del Sr. Sánchez, disimulada en un plan estratégico de una compañía supuestamente privada, Red Eléctrica Española, incluida en el IBEX-35, pero controlada por el gobierno como accionista mayoritario, a realizar inversiones en la red eléctrica, descubre otra gran mentira que, vista la trayectoria reciente de los miembros de su partido y de su secretario general, ya no sorprende a nadie. Un supuesto partido federalista (el PSOE) que no cree, por razones ideológicas, en la vertiente competitiva del federalismo, en la que las comunidades autónomas compitan entre ellas para dar la mejor respuesta a las demandas de sus ciudadanos y atraerles hacia su comunidad en lugar de forzar su marcha.

Un buen ejemplo es su invento para incautos que denominan “dumping fiscal”. En lugar de incentivar la creación de innovación y riqueza, propone una fiscalidad creciente homogénea en todas las comunidades autónomas, pisoteando así cualquier iniciativa de éstas y evitando, asimismo, la posible respuesta de los ciudadanos desplazándose a otra comunidad. Un partido que pone impedimentos para proteger actitudes anticompetitivas no cree, o no le interesa creer, en las capacidades de sus ciudadanos y empresas.

Como tampoco es capaz de cumplir con el federalismo cooperativo, que supuestamente es el que tiñe su ya de por sí averiado aparato ideológico, donde los distintos niveles de la Administración colaboran en el despliegue de políticas que faciliten el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos. Como el partido no puede rentabilizar electoralmente inversiones que redundarían en ese bienestar, el gobierno de Pedro Sánchez utiliza su control sobre los fondos y empresas públicos para dañar al segundo nivel de la estructura política de España y, en consecuencia, a la población que reside en el ámbito de actuación de ese segundo nivel.

En esta estrategia de obstaculización de nuevas inversiones en la ampliación de la red eléctrica en la Comunidad de Madrid, el presidente del gobierno utiliza a su ministra Teresa Ribera (Beatriz Corredor es, simplemente, un peón del partido designado para presidir Red Eléctrica Española por lo que, probablemente, poco sepa de infraestructuras energéticas), quien ya provocó la salida del anterior presidente para controlar las inversiones de la compañía y, así, poder estrangular iniciativas de desarrollo como las de la Comunidad de Madrid con la ya gastada excusa “verde”, esa que está más interesada en eliminar cuanto antes fuentes de energía como la nuclear o la hidroeléctrica que en la prosperidad de los españoles.

“La estructura política debe complementar al mercado en el sentido de que su objetivo es la generación de resultados que tengan valor para los ciudadanos”, decía James Buchanan, economista galardonado con el premio Nobel. Pero, en lugar de alinear los intereses de todos aquellos cuya responsabilidad es servir a sus conciudadanos, nos encontramos con un partido de “inspiración federal”, el PSOE, que a lo que verdaderamente se dedica es a “sobreinvertir” en su clientela electoral y en sus aliados comunistas e independentistas para prevenir que esos votantes y aliados no le abandonen en el siguiente ciclo electoral.

Luis Suñer
Socio de Acción Liberal

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